La otra guerra de EEUU
Hendrik Vaneeckhaute
abril 2003
3.366 asesinatos por razones políticas o sociales
735 desapariciones
184 sindicalistas asesinados
353.100 personas desplazados por la violencia[1]
En Colombia, desde hace décadas, se aplica la doctrina de la Seguridad Nacional contra ‘el enemigo interno’. Es una guerra sucia aplicada por el estado contra cualquier oposición, sea política o social. Cada año, más de 100 sindicalistas son asesinados, decenas de líderes sociales y populares amenazados y asesinados. Una guerra que año tras año degrada y cobra más víctimas. Una guerra en la cual la guerrilla comete crímenes de guerra, pero el estado con sus fuerzas legales e ‘ilegales’, tiene como estrategia el terror (masacres, asesinatos, desapariciones, tortura, amenazas) con el objetivo de mantener el poder político y económico en manos de unas pocas familias.
Las Fuerzas Armadas colombianas (FFAA) recibieron en los últimos años, más de 2.000 millones de dólares en ayuda militar de EEUU. [2] (El último regalo fueron 100 millones de dólares, donados por el apoyo -verbal- a la invasión de Irak.) Nadie sabe con exactitud cuántos militares estadounidenses participan directamente en la guerra contrainsurgente. Centenares de militares (oficialmente el límite son 400) participan de forma oficial, pero otros centenares de militares van disfrazados de civiles en empresas privadas. Estos militares (los oficiales y los ‘mercenarios’) participan de forma activa en la guerra sucia y los crímenes de guerra contra el pueblo colombiano. Sobre el vínculo entre el paramilitarismo (los autodenominados ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ – AUC) y el ejército no existen muchas dudas para quienes conocen el conflicto desde cerca.
“El paramilitarismo siguió siendo un factor desestabilizador del Estado de derecho, en particular por los vínculos que con él mantienen servidores públicos y por la inconsistente respuesta estatal a este fenómeno. (...) El control paramilitar es más fuerte en los cascos urbanos, donde es mayor la presencia de la fuerza pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un elemento significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos con el paramilitarismo.”[3]
Aunque la cooperación activa de EEUU en esta guerra data desde hace muchos años, con sobre todo ayuda financiera y asesoramiento, los militares estadounidenses se implican cada año de forma más directa en la guerra. Con ello, el triangulo EEUU, FFAA de Colombia y paramilitares queda más claro. Los siguientes ejemplos son sólo una muestra de una realidad diaria en Colombia.
1) La participación directa de los
militares estadounidenses en la guerra en Colombia
El jueves 13 de febrero de este año, una avioneta
Cessna, en la que viajaban un suboficial del Ejército colombiano y cuatro
estadounidenses, es derrumbada por la guerrilla FARC. El militar colombiano
y uno de los estadounidenses son encontrados muertos, los otros tres son capturados
por las FARC. El estadounidense muerto es un ‘ex-’militar, veterano de las guerras
de Corea y Vietnam. La avioneta hacía labores de inteligencia y contaba con
un sofisticado equipo de comunicación satelital dotado con un mecanismo experto
de localización y monitoreo de móviles humanos, un sistema de mira infrarroja
y un moderno localizador aéreo de personas.
Oficialmente los estadounidenses trabajaban para una empresa privada,
la ‘California Microwave Systems’, adscrita a la empresa Northrop Grumman,
que suministra sistemas de vigilancia al Ejército de EEUU. Según un funcionario
de la embajada estadounidense, "la firma Northrop Grumman es una de las
más importantes en nuestro país en cuanto a sistemas de defensa. Los hombres
que trabajan para ella son veteranos de guerra, expertos en conflicto y militares
retirados que saben como aplicar los apoyos. Por eso la información sobre
nuestros tres compatriotas secuestrados es reservada" [4]
Los
4 estadounidenses forman parte de unos centenares de ‘ex-’militares estadounidenses
que participan en la guerra en Colombia. La búsqueda de los tres estadounidenses
capturados por las FARC no parece tener límites. Expertos del FBI e investigadores
especializados en inteligencia de Estados Unidos barren por tierra y aire,
las 24 horas del día, la zona. También participan un número no determinado
de soldados estadounidenses y más de 4.500 hombres de la base militar de Tres
Esquinas [5] y unas 40 aeronaves, entre
ellos los famosos aviones ‘plataforma’. Después de casi dos meses, no les
han encontrado.
2) El caso de Santo Domingo: empresas
privadas + militares estadounidenses + masacres
El 13 de diciembre de 1998, un helicóptero (regalado por EEUU al ejército colombiano) lanzó una bomba contra las casas de Santo Domingo, un caserío de viviendas de tabla, donde apenas viven 200 personas. El saldo: 18 muertos, 7 de ellos niños, y 23 heridos. Según la ‘Fuerza Aérea de Colombia’, FAC, la tragedia fue causada por un carro bomba que dejaron las Farc y que la escena de los destrozos fue manipulada. Pero años después de la matanza se acumulan las pruebas a pesar de los asesinatos y las continuas amenazas contra los testigos y los abogados y defensores de DDHH que llevan el caso ante los tribunales.
¿Qué
ocurrió de verdad?
Cerca del pueblo pasa el oleoducto ‘Caño Limón Coveñas’, propiedad de la petrolera estadounidense ‘Occidental’. Para vigilar su seguridad, la multinacional contrató una empresa privada, llamada Air Scan International. Ese día, según la versión oficial, un avión de esta empresa, con tres estadounidenses como tripulación, detectó una columna de las Farc en la zona y guió hacia ella a diferentes helicópteros de la Fuerza Aérea Colombina. Según la declaración del capitán del helicóptero que echó la bomba, la mañana del ‘combate’, los pilotos militares colombianos fueron concentrados en el Aula G del campamento de ‘Occidental’ en Caño Limón. Toda la acción fue grabada en un video, que quedó escondido durante años en las instalaciones de la ‘Occidental’ en su complejo de Caño Limón. Según los pilotos colombianos acusados, "los videos eran prueba fundamental para demostrar que el helicóptero siguió las instrucciones, las coordenadas y las órdenes entregadas por los gringos, y que los militares no bombardeamos por nuestra cuenta. [6]
¿Y quiénes eran los tres estadounidenses?
Aunque los tres estadounidenses han sido identificados, ninguno de ellos ha testificado en el caso ni es acusado de nada. El piloto del avión que dirigió el operativo era un miembro activo de la Guardia Costera del Ejército de EEUU. Oficialmente estaba de “vacaciones”. ¿Es creíble, que un militar activo de EEUU, durante sus vacaciones, trabaja de piloto, guiando a helicópteros colombianos, para bombardear a la población?
Para quienes creen que hechos como estos comprometen a EEUU, o generan algún escándalo, o cambian algo en su política, todo lo contrario. Nada más tomar posesión de su cargo, el presidente Bush solicitó al congreso 98 millones de dólares para la compra de 10 helicópteros, armas, municiones y los cursos para 6.500 soldados colombianos de la Brigada XVIII, con el objetivo de proteger el oleoducto de la multinacional ‘Occidental’. En enero 2003 llegaron unos 60 militares estadounidenses (que se unen a los ya presentes) para esta tarea.
3) El caso de Trujillo: entrenamiento militar
+ paramilitares + masacres [7]
Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, unos 100 paramilitares permanecieron en Mapiripán. Durante los seis días torturaron y asesinaron a 49 personas (de un total de 1.000 habitantes). [8]
A
partir de mayo de 1997 (y durante ocho meses) miembros de las Fuerzas
Especiales de EEUU, los llamados ‘boinas verdes’, tuvieron como epicentro la
base de Barrancón, la Escuela de Fuerzas Especiales del ejército. Barrancón se
encuentra a dos horas río arriba de Mapiripán (unos 15 minutos en helicóptero).
A cinco minutos de navegación o carretera se encuentra otra base militar, la
base antinarcóticos de San José del Guaviare, ‘cuartel general’ de los
programas del Departamento de Estado en la erradicación de plantaciones de
coca.
El sábado 12 de julio, a las 3:05 y a las 3:20 de la tarde, aterrizaron en la base antinarcóticos de San José, un Antonov y un DC-3 provenientes de Necoclí y Los Cedros. [9]En el avión viajaban al menos quince hombres armados. Del DC-3 desembarcaron varias toneladas de provisiones. En la carretera a Barrancón, el grupo se unió a paramilitares de otras zonas. Las lanchas, en las que todos cruzaron el río, pasaron sin inconvenientes por el puesto de la Infantería de Marina en Barrancón.
Al
amanecer del 15 de julio, más de 100 paramilitares rodearon Mapiripán y
empezaron a detener a decenas de personas, torturarlas y asesinarlas. El juez
de la localidad logró llamar a una base militar y reportó la situación. El
coronel Hernán Orozco, comandante del batallón, recibió el informe y redactó un
memorando de "información urgente" para el general Jaime Humberto
Uscátegui, comandante de la 7a Brigada. Le recomendaba que "se adelante
una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán” (con tres batallones en
Barrancón y 3 helicópteros).
El General Uscátegui, ignoró los avisos sobre la masacre. (Un subordinado declaró ante la Fiscalía que el general le había ordenado que falsificara documentos para encubrir su complicidad en los hechos.)
En
febrero 2001, la corte penal militar ‘condenó’ al general Uscátegui con una
sentencia de 40 meses de prisión «por omisión» y 5.000 dólares «por los daños
causados a la institución de las fuerzas armadas». Eso significa menos de un
mes por cada víctima de la masacre.
En el
mismo juicio, también fue condenado el Coronel Orozco que había alertado al
General Uscátegui y quién declaró en su contra durante el proceso. Orozco
recibió 38 meses de prisión, sólo dos meses menos que su superior y tuvo que
pagar 6.300 dólares por «deshonrar la institución».
La
presencia paramilitar en Mapiripán se prolongó durante 5 días, hasta el 20 de
julio, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja, también alertado por el
juez, envió un avión a Mapiripán para rescatar al funcionario y a sus vecinos.
La
Presidencia de la Republica no reaccionó hasta el día 22 de julio, fecha en
la cual el asesor presidencial de derechos humanos, Luis Manuel Lasso, organizó
un viaje de Bogotá a Mapiripán con la Fiscalía. Viajaron en un avión de la
Policía a San José y desde allí querían ir al lugar de los hechos en helicóptero
militar. La comisión no pudo llegar a Mapiripán, porque "los dos helicópteros
disponibles se encontraban comprometidos en las actividades que se desarrollaban
en Barrancón, con motivo de la clausura del curso de Fuerzas Especiales y
la visita del jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino", explicó el
general José Bonet [10], el comandante
de las FFAA.
Según
el informe del fiscal que dirigió la comisión, los militares dijeron que los
helicópteros estaban ocupados "en una reunión social con personal militar
de la embajada de Estados Unidos". Ante la exigencia del consejero
presidencial, se presentó el comandante de la IV División del Ejército, general
Agustín Ardila Duarte, y "puso en ridículo al delegado presidencial y les
dio más importancia a los visitantes norteamericanos que a la misión investigadora".
Durante toda la semana, según el reporte de vuelos militares en el aeropuerto
de San José, estuvieron llegando a Barrancón visitas del Comando y la
Inspección del Ejército y los comandantes de Brigada y División. La Fiscalía y
funcionarios de otras instancias oficiales aseguran haberse cruzado en San José
con militares de EEUU cuando viajaban a Mapiripán para iniciar la
investigación.
En
el momento de la masacre, los ‘boinas verdes’ de EEUU llevaban al menos durante
dos meses haciendo ejercicios de "planeación militar" con la tropa de
la Brigada Móvil N°2, bajo mando del coronel Lino Sánchez. Según un informe de
la Dirección de Inteligencia de la Policía Antinarcóticos, Lino Sánchez
promovió en San José un plan para introducir paramilitares en las áreas
fumigadas en el marco de los programas de EEUU y anunció que le había llegado
una ayuda con la que iba a "darle una lección a la guerrilla”.
En
su defensa, el propio general Uscátegui dijo que la
Brigada Móvil N°2, era la responsable de la masacre de Mapiripán. A pesar de
ello, después de la masacre, la misma Brigada N°2, siguió recibiendo entrenamiento de
EEUU y en diciembre del 2000, recibieron sus propias ‘boinas verdes’.
Hoy
en día la juez que tiene a su cargo la investigación
por la masacre y
los abogados que representan a las víctimas, se encuentran amenazados de muerte.
La siguiente es una de las muchas denuncias sobre las amenazas contra el abogado:
[11]
Hoy
viernes, 1 de junio 2001 en las instalaciones del Batallón de Policía Militar
número 13, siendo aproximadamente las 12 del día, el abogado Luis Guillermo
Pérez asistía a una entrevista en el mencionado Batallón con el teniente
coronel Orozco. Luis Guillermo Pérez está actuando como parte civil en el
caso de Mapiripán, en representación de los familiares de las víctimas. En
la misma instalación militar se encuentra recluido el Coronel Lino Sánchez,
que está siendo juzgado por los citados hechos violentos de Mapiripán. Cuando
el abogado del Colectivo terminó su entrevista con el coronel Orozco, se percató
de que dos de las ruedas de su coche, estacionado dentro del Batallón, frente
al Casino de Oficiales, habían sido pinchadas. Según informaciones de varios
testigos presénciales, fueron el mayor César Maldonado -implicado en el atentado
contra el dirigente sindical Wilson Borja- y el mayor Mauricio Llorente Chaves
-sindicado en las masacres cometidas en La Gabarra- quienes pincharon los
neumáticos del vehículo.
4) La doctrina de la ‘Guerra de Baja Intensidad’
y la Escuela de las América [12].
Miles de militares recibieron (y siguen recibiendo) entrenamiento militar de EEUU. Dos de los más destacados alumnos son los anteriores comandantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, los generales Bonet y Bedoya. [13]
El general Bonet, en 1980, hizo el curso ‘Comando y Estado Mayor General’, en el Fort Leavensworth, EEUU. En la hoja de vida del general están, entre otros, estos hechos: Entre el 28 de enero y el 1 de marzo de 1990, en Cali, 42 personas, en su mayoría sindicalistas y miembros de organizaciones de Derechos Humanos, son detenidas ilegalmente por unidades de la III Brigada, y conducidas a sus instalaciones donde son torturadas durante varios días. Una de las detenidas es violada por los militares. Tras ser ‘puestos en libertad’, todos debieron salir del país por amenazas de muerte. El entonces comandante de la III Brigada, José Bonet, nunca fue investigado.
El general Harold Bedoya, fue comandante de la
FFAA hasta el día 24 de julio de 1997, cuando el general tomó el relevo. En
1979 fue profesor invitado a la Escuela de las Américas, Panamá. En su hoja de
vida, estos hechos: entre 1978 y 1979, opera en Bogotá una estructura
paramilitar bajo el nombre de “Alianza Americana Anticomunista – Triple A”,
autora de numerosas atentados dinamiteros, desapariciones y asesinatos de
miembros de la oposición. Según las confesiones de tres ex agentes de
inteligencia adscritos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry
Solano”, el oficial Bedoya (como comandante del mismo batallón) fue el creador
y máximo jefe de Triple A. No fue objeto de investigación.
[1] Cifras para el año 2002.
[2] Igual que en el caso de la guerra contra Irak, el Estado Español juega un papel activo en apoyo a esta guerra. Hace poco se querían regalar 8 aviones de combate (Mirage), valorados en 8 millones de dólares cada uno, por sólo 1 millón de dólares. Al final no se va a hacer tal regalo (los militares colombianos ni lo querían), pero se mantiene “la oferta de otros de los 17 puntos de cooperación militar, acordados en febrero pasado. Entre otros, (...) algunas patrulleras navales, transferencia de tecnología, apoyo en desminado, ayuda con satélites de inteligencia y comunicaciones”. (Según el ministerio de Defensa, El Tiempo, 13 de abril 2003.)
[3] Cita del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, presentado en abril 2003 ante la Comisión de Derechos Humanos.
[4] El Tiempo (Colombia), 30 de marzo 2003.
[5] Tres Esquinas, actual sede de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, es considerada como la base militar más sofisticada fuera de EEUU y está ubicada en el sur de Colombia, en medio de una zona controlada por la guerrilla. Más de 10.000 militares son entrenados y equipados directamente por EEUU. “Aquí se están preparando verdaderas máquinas de guerra. Hombres que resisten todo, que hacen asaltos desde el aire y desembarcos masivos, y que pueden enfrentar las más duras adversidades de clima, terreno y enemigos”, según un oficial del ejército, ya entrenado. (El Tiempo, 21 de febrero 2002)
[6] El Tiempo (Colombia), 19 de enero 2003.
[7] Texto basado en ‘Los peligros de la ayuda militar’, El Espectador (Colombia), 27 de febrero 2000.
[8] Hasta hoy siguen los asesinatos y las masacres, en total más de 100 personas han sido asesinadas.
[9] Los Cedros, Apartadó, queda a pocos kilómetros de la sede de la Brigada XVII. Tanto Apartadó como Necloclí se encuentran en zonas de elevado control militar.
[10] Más información sobre este general en el siguiente ejemplo.
[11] Texto basado en la denuncia de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 4 de junio 2001.
[12] Miles de militares de América Latina recibieron (y siguen recibiendo) entrenamiento militar en la Escuela de las Américas de Fort Bening, en Georgia, y en el Comando Sur de Panamá. Se utilizaron manuales en las cuales se enseñaron todas las técnicas de la guerra sucia, denominada como ‘la guerra de baja intensidad’: el terror, la amenaza, la tortura, la desaparición, etc. Algunos manuales salieron a la luz pública, y el Departamento de Defensa de EEUU, en 1996, admitió el uso de tales manuales. La gran mayoría de los generales latinoamericanos, en las últimas décadas, recibieron entrenamiento en estas ‘escuelas’. En Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala y muchos otros países, los generales aplicaron con entusiasmo todo lo aprendido.
[13] Fuente: ‘El Terrorismo de estado en Colombia’, NCOS (Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, Bélgica), 1992.